Fuente: Yahoo Finanzas
El plan de recorte fiscal presentado por la bancada republicana en el Capitolio pretende favorecer a la clase media e incentivar la creación de empleos. Sin embargo, su envergadura va más allá de que la gran masa de estadounidenses empiece a pagar menos por sus impuestos.
Hasta el momento, aquellos que no poseen un estatus de ciudadanos de Estados Unidos y que cada año pagan sus impuestos mediante un Número de Identificación Individual del Contribuyente (ITIN), pueden reclamar un crédito tributario por hijos, que les devuelve hasta 1,000 dólares por cada menor de 17 años.
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Manifestantes en favor del Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), que protegía a los inmigrantes que llegaron ilegalmente al país siendo niños, los llamados ‘dreamers’. ( AP Photo/Jose Luis Magana)
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Parece poco pero no lo es. Nada más que en el año fiscal 2013, según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, 4.4 millones de portadores del ITIN reclamaron deducciones fiscales por un valor de 6.000 millones de dólares.
Sin embargo, ahora la propuesta republicana de ley exige que los declarantes del ITIN, la mayoría de ellos indocumentados, necesitarían proporcionar los números de seguridad social de cada menor de edad, a fin de reclamar la parte reembolsable del crédito.
De ahí que, de muy poco sirve que los adultos indocumentados que trabajan y cotizan vean descender sus impuestos, si en lo adelante no podrán reclamar un reembolso por sus hijos, menores de edad e igualmente indocumentados.
Afectados directamente
Según Samantha Vargas Poppe, del grupo de abogados latino UnidosUS, esta modificación tendría un impacto directo sobre un millón de niños indocumentados.
La reforma también podría afectar a los menores nacidos en los Estados Unidos cuyos hermanos no ciudadanos ya no son elegibles para el crédito. Al final, se trata de un golpe en los ingresos que afectará a toda la familia.
“Estos créditos mantienen a la gente alejada de la pobreza -apunta Poppe-. Simplemente no es un lugar para la aplicación de la ley de inmigración. Son niños”.
En 2010, el año más reciente para el cual la Administración del Seguro Social ha publicado estadísticas, los inmigrantes indocumentados y sus empleadores pagaron alrededor de 13.000 millones de dólares en impuestos a la nómina.
Muchos de ellos también pagan impuestos a la Seguridad Social, impuestos a las ventas e impuestos a la propiedad, pero no son elegibles para la mayoría de los programas federales, incluidos el Seguro Social, Medicare, Medicaid o subsidios bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible.
Para quienes son ciudadanos, el proyecto de ley de la Cámara pretende aumentar el valor del crédito fiscal por concepto de hijos de 1,000 a 1,600 dólares, mientras que el proyecto de ley del Senado aspira a duplicarlo a 2,000 dólares. Ambos proyectos de ley aumentan el umbral de ingresos a los que los contribuyentes serán elegibles para reclamarlo.
El presidente de Estados Unidos Donald Trump y el jefe de la mayoría republicana en el Senado Mitch McConnell (d) explican la reforma fiscal el 5 de setiembre de 2017 en la Casa Blanca. (AFP/Archivos | SAUL LOEB)
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Más consecuencias para los inmigrantes
Además, el proyecto de ley de la Cámara refuerza las normas para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo de tal manera que los inmigrantes cubiertos por el programa de Acción Diferida para Llegados en Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) ya no podrán recibir el crédito cuando expire su autorización de trabajo.
La administración Trump anunció en septiembre su decisión de dar por terminado el programa, lo que significa que esos inmigrantes perderán su estado de protección en los próximos años, a menos que el Congreso intervenga.
El proyecto de ley de la Cámara también requeriría un número de Seguridad Social para el Crédito Fiscal de Oportunidad Estadounidense, que vale 2,500 dólares anuales para los primeros cuatro años de gastos de educación superior. En 2013, los declarantes de ITIN reclamaron 204 millones de dólares a través de este crédito.
Durante mucho tiempo los conservadores han batallado por implementar estas restricciones, que consideran necesarias para protegerse contra el fraude fiscal.
El Centro de Estudios de la Inmigración, una entidad reacia a la llegada de inmigrantes al país, también ha argumentado que permitir que los inmigrantes indocumentados reciban créditos fiscales reembolsables viola las disposiciones de las reformas de bienestar social de 1996 que prohíben que los inmigrantes indocumentados reciban la mayoría de los beneficios federales.
A principios de este año, Luke Messer, representante republicano por Indiana, presentó una legislación que busca eliminar la elegibilidad de crédito tributario para hijos para los presentadores del ITIN.
“No podemos continuar recompensando a las personas que vienen ilegalmente a nuestro país, mientras que aquellos que trabajan duro y respetan las reglas luchan por salir adelante”, destacó el congresista en un comunicado de prensa en octubre pasado, presionando por la inclusión de su proyecto en el plan de reforma tributaria.
Los demócratas y una larga lista de grupos defensores de los derechos de los inmigrantes se han opuesto a sacar a los niños indocumentados del crédito tributario por hijos, con el argumento de que aumentaría la pobreza infantil.
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